¿Cuánto y en qué gasta el Gobierno nacional?

Por Dr. Miguel Patrón

Dentro de un cuadro comparativo uno podría visualizar que casi el 40% del gasto se destina al pago de jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas), seguido por los subsidios económicos con el 13% (fundamentalmente el destinado a energía), y luego allí aparecen los sueldos de los empleados públicos con el 10% y detrás los distintos programas sociales con el 8,4%. Dentro de esta partida, los más relevantes son el Potenciar Trabajo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Tarjeta Alimentar. Luego viene el pago de los intereses por la deuda pública contraída previamente, seguido de las asignaciones familiares, que incluyen tanto aquellas que reciben los trabajadores en relación de dependencia como la AUH. Si agrupamos todo el gasto social, vemos que representa poco más de la mitad del total (51,7%).

 JUBILACIONES

Esto incluye tanto a las personas que cuentan con la cantidad mínima de años de aporte como aquellas que ingresaron al sistema jubilatorio a través de las moratorias previsionales que hubo en 2005 y 2014. Por tales motivos, actualmente el 62% de jubilados/as cobra el haber mínimo, que se ubica en $37.500.

En segundo lugar, pero muy por detrás, están las pensiones no contributivas, que incluyen varios tipos. La gran mayoría (76% del total) son por invalidez, la reciben aproximadamente 1.100.000 personas y es por un monto de $26.300. Luego viene la que reciben madres con 7 hijos o más (20% del total), son unas 290.000 madres que reciben $37.500 cada una. El 4% restante incluye pensiones por vejez, graciables y a ex combatientes de la Guerra de Malvinas (unas 11.700 personas).

Finalmente tenemos la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que la reciben unas 230.700 personas que no alcanzan los aportes mínimos para jubilarse (y que no accedieron a alguna de las moratorias mencionadas previamente), por un monto de $29.600. Y las becas Progresar, destinadas a jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad para que puedan terminar sus estudios, que reciben alrededor de 1.000.100 jóvenes por un monto de $6.400.

Por detrás sigue la AUH, que la reciben unas 4.375.000 madres, cuyo monto actual es de $7.330. Acá se suma el programa Alimentar, que alcanza al mismo universo de personas y que otorga $9.000 (o $13.500 si tiene dos hijos o más).

POTENCIAR TRABAJO

Luego viene Potenciar Trabajo, un programa destinado a las cooperativas y los trabajadores informales, cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad y la formación laboral de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Este programa está estrechamente vinculado con los movimientos sociales. Actualmente alcanza a 1.300.000 personas, por un monto individual de $22.800.

Si extendemos el análisis y miramos lo sucedido tras la salida de la pandemia con la ampliación del programa Potenciar Trabajo, podemos advertir que acá también se observó un fuerte incremento en esta partida, cuyos principales beneficiarios, como vimos, son los movimientos sociales. El gasto (medido en términos reales) se multiplicó por cinco desde el fin de la gestión de Cambiemos.

CONCLUSIONES

Como se puede ver, por lo general los programas apuntan a distintos segmentos de la población, tanto por edad, género o situación laboral, haciendo muy difícil que una persona pueda recibir varios al mismo tiempo. Por otro lado, los montos pueden servir como un refuerzo, pero es evidente que nadie “vive de los planes” (como referencia, la canasta básica, que define la línea de la pobreza, actualmente se ubica en $95.300). En la gran mayoría de los casos, el ingreso principal proviene de la fuente laboral. Como muestran los datos de la distribución del ingreso elaborados por el INDEC, en los cuatro deciles más bajos los ingresos provenientes de la fuente laboral representan en promedio el 70% del total, mientras que la ayuda del Estado representa el 30% restante.

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Durante el doble mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) hubo una marcada expansión de las asignaciones familiares no contributivas, debido a la creación de la AUH, y de las pensiones no contributivas, explicado fundamentalmente por la moratoria previsional pero también por el notable incremento de las pensiones por invalidez (que pasaron de unas 230.900 en 2007 a 1.065.000 en 2015, es decir que prácticamente se multiplicaron por cinco). En el trabajo citado, dedican una sección completa para desglosar dicho incremento, advirtiendo aumentos muy grandes en algunas provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco o Misiones, donde no parece corresponderse de acuerdo a su población. Por otro lado, en este período no se observan aumentos significativos en los programas vinculados con los movimientos sociales.

Durante la gestión de Mauricio Macri se observa el fenómeno contrario. Las jubilaciones se redujeron de manera significativa, más que nada debido a la erosión de su poder de compra producto de la elevada inflación. En cambio, los programas destinados a las cooperativas y a los trabajadores informales se expandieron de manera notable. Como destacan en el trabajo, mientras que a fines de 2015 había 253.900 beneficiarios, para fines de 2019 ese número más que se duplicó, pasando a ser de 641.800.

Por último, el trabajo analiza el primer año de la gestión de Alberto Fernández, atravesado por la pandemia. Es por ese motivo que en el gráfico se observan tres políticas con incrementos sumamente elevados: las asignaciones familiares no contributivas, a causa del IFE; los subsidios de promoción o preservación del empleo formal, debido principalmente a la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); y las políticas alimentarias, como resultado del lanzamiento de la Tarjeta Alimentar.

Para concluir, si bien estos programas se incrementaron, no hay que perder de vista que siguen siendo una parte muy pequeña del gasto total (representa el 3%), y que el empleo informal viene creciendo en los últimos años. Sumado a eso, los ingresos se vieron afectados en los últimos meses por la aceleración inflacionaria, con lo cual resulta lógico reforzar el gasto social. De cara al futuro, la única manera de reducir estas políticas será recuperando el crecimiento, ya que sin eso no hay manera de generar puestos de trabajo en el sector formal.

FUENTES: “Mapa de las políticas sociales en la Argentina¨ CIALS , FUNDAR, MINISTERIO DE ECONOMIA.

Distribución del ingreso

El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar bajó de 0,445 a 0,430 en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo período del año anterior, según informó el INDEC. La brecha entre el 10% de la población con mayores y menores ingresos se redujo de 17 a 15 veces. Es decir, una mejora en los niveles de equidad.

El Coeficiente es una relación matemática que tiene a 0 como el mayor nivel de igualdad y 1 como el de mayor desequilibrio.

El estudio del INDEC sostiene que un 60,4% de la población total recibió algún ingreso, con un promedio igual a $64.737. A escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato más bajo (deciles 1 a 4) equivale a $23.628; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $60.689; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $155.153.

El ingreso promedio de los varones fue de $75.552, mientras que el de las mujeres fue de $54.205.

BONUS TRACK

El “PreViaje”, un programa que reintegra el 50% del gasto turístico, tendrá un costo fiscal de alrededor de 35 mil millones de pesos, un poco menos de u$s 340 millones al cambio del MULC

Además hay otros subsidios no explícitos como el “aporte de capital” que el gobierno le hace a Aerolíneas Argentinas todos los años, cada viajero que usa sus servicios recibe en números simples un 30% de subsidio, teniendo en cuenta que el subsidio, en grandes números, es más o menos un 30% de su facturación.

Sumemos los 340 millones de dólares que le cuesta al estado el “PreViaje” más los 600 millones que se lleva Aerolíneas Argentinas, cada año, allí tenemos mil millones de dólares que podrían eliminarse de un plumazo, con lo que se podría ajustar a la baja el déficit fiscal, o en su caso asignarlos a otras prioridades que están por arriba del turismo.