Volcó un micro en Villa Traful en el que viajaba la edil libertaria Alejandra Ruiz

Al menos 20 personas resultaron heridas este martes, 5 de ellas con lesiones de gravedad, luego de que un colectivo volcara en la ruta provincial N°65, a unos 15 kilómetros de la localidad neuquina de Villa Traful. Como consecuencia del accidente, la ruta fue cortada de manera provisoria.

En ese bus viajaba la concejala de Cañuelas (ahora libertaria, antes del PJ, Kirchnerista, Pro, además de integrar en su momento "las mujeres de Monzó" dentro de Juntos por el Cambio), Alejandra Ruiz de 53 años que sufrió golpes. Con ella también viajaba una amiga cañuelense, Elida Cortez (59) quien se quebró una mano.

Las amigas iban en la segunda fila de los asientos del ómnibus siniestrado. El viernes terminaban su paseo y era la séptima vez (¿?) que "la Bullrich cañuelense", Alejandra Ruiz, paseaba por esa zona patagónica.

Según informaron medios locales, el ómnibus, perteneciente a la empresa Meridam, venía de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche y trasladaba a 44 pasajeros cuando volcó a la altura de Río Minero.

Los heridos de gravedad fueron trasladados al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y al Hospital de San Martín de los Andes. El resto de los pasajeros con lesiones leves fueron atendidos en la sala de primeros auxilios de Villa Traful y el hospital de Villa La Angostura.

En el lugar del vuelco del micro trabajaban tres ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, otra unidad correspondiente a Villa Traful, personal de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo y agentes de instituciones de San Martín de los Andes.

Las autoridades aún intentan determinar las causas del accidente. La principal hipótesis apunta al estado de la ruta, en la que había hielo y barro (en ese sector el camino no es de asfalto). En tanto, desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Rio Negro emitieron un parte oficial. Informaron que se trató de un "autovuelco", por lo cual descartaron la participación de otros vehículos.

El tránsito en la zona permaneció cortado durante la tarde mientras se realizaró el operativo para retirar al colectivo del lugar.

Karma al instante

El Gobierno de Javier Milei, al que HOY adhiere Alejandra Ruiz, anunció el lunes 7 de julio el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.

La descabellada medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Bases. La medida redundará en el abandono de funciones esenciales por parte del Estado, la concesión a privados de 9120 kilómetros de rutas -muchas de ellas pasarán a tener peaje o multiplicarán las estaciones existentes- y el despido de entre 2500 y 3000 trabajadores, sobre un plantel de 5500.

Tal como adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión fue publicada en el Boletín Oficial de el martes 8 de julio y dispone la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas"

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Milei y al ministro Sturzenegger del impacto de la medida anunciada que generará “rutas nacionales de la muerte”.

Según señaló la dirigente, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se  profundizará la peligrosidad de las rutas argentinas. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y están armando este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Vialidad Nacional se financia en parte con el impuesto a los combustibles líquidos, pero el Gobierno no cumplió con el financiamiento previsto, según la versión sindical.

Para Aleñá, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”. Por último, planteó que la desregulación de Vialidad Nacional implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generará más riesgo para la seguridad y el control de obras.